En pocas palabras: el Presidente Morales puede ahora intervenir otro de los tres poderes del Estado, el Judicial, violando incluso lo ordenado en la nueva Constitución Política del Estado impuesta por el MAS, que dispone la elección de los tribunos por voto popular. En palabras del ex vocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, a partir de ahora a Morales le será posible “legalmente” tener todo el poder, sin recurrir para ello al tradicional golpe de Estado. Ya tiene bajo su control al Poder Ejecutivo y al Legislativo, al que suma, con la ley corta, el control de Judicial; sin contar, en este caso, el control que también ejerce sobre el hoy llamado Órgano Electoral Plurinacional.

La jugada oficialista ha sido maestra porque se consumó en una fecha en la que la mayor parte del país está distraído con las jaranas carnavaleras, incluidos muchos asambleístas y líderes políticos. Que lo diga el reporte de asistencia a la sesión del viernes 12 de febrero, en la que la Asamblea Plurinacional votó la Ley, tal como lo había anunciado el propio Presidente Morales en enero del presente año. Viernes, víspera del feriado carnavalero, cuya jornada además fue irregular, ya que el Gobierno dispuso horario continuo en la administración pública. El sábado 13 de febrero, mientras los asambleístas y líderes políticos brincaban en los corsos de sus ciudades, la Ley ya había sido homologada por el Presidente.

De poco o nada servirán las protestas y críticas que planteen ahora los opositores al Gobierno o los gremios de profesionales o las autoridades que se verán afectadas con la vigencia de la Ley. Oleada y sacramentada por la Asamblea y el Ejecutivo, la nueva Ley de Necesidad de Transición del Órgano Judicial está vigente y su implementación corre a velocidad de un Fórmula 1.

En efecto, el Presidente Morales ya tenía elaborada la lista de los abogados que suplirán las 18 acefalías identificadas en la Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. De poco valdrán también las acciones anunciadas por algunos asambleístas, como es el caso de Tomás Monasterio de PPB-CN, para solicitar al Tribunal Constitucional la anulación de la Ley corta. Es que esta Ley, corta pero efectiva para los propósitos del Gobierno, limita de hecho los poderes del Tribunal, al disponer que éste sólo podrá resolver los recursos presentados antes de la promulgación de la nueva Constitución. Es decir, los recursos presentados hasta el 6 de febrero de 2009. Con ello, el documento del diputado opositor sólo podrá ser tratado en 2011, cuando la Ley corta ya no esté en vigencia.

El Gobierno ha tratado de disimular el impacto que tendrá la aplicación de esta Ley corta en la administración de Justicia, señalando que las designaciones dispuestas por el Presidente de Bolivia son transitorias y concluirán en diciembre de este año, para cuando están previstas otras elecciones. Esta vez, para elegir por voto popular a los magistrados. Pero la pregunta es: ¿quién garantiza la correcta administración de Justicia a lo largo de 2010, un año marcado por los procesos abiertos a demanda del Gobierno contra los principales líderes de la oposición y ex aliados políticos del MAS? ¿Cómo creer en la palabra oficial, si ya en años anteriores y sin el aval de ley alguna el Gobierno ejecutó acciones de hecho para detener y enviar a la cárcel a varios de ellos (es el caso del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández), además de confiscar bienes?

El panorama, por lo tanto, no es alentador desde la perspectiva de la vigencia del estado de derecho y de las garantías constitucionales. Menos aún si las evidencias señalan que frente a las nuevas arremetidas del Gobierno para controlar todos los poderes, no hay una fuerza política capaz de contra restarlas. En primer lugar, porque la oposición está descabezada (varios de sus líderes ya están fuera del país, huyendo del acoso judicial al que los tiene sometidos el Gobierno); y, en segundo lugar, porque la mayoría de las organizaciones civiles responsables de la vigilancia y defensa de los derechos humanos han sido cooptados o son afines al Gobierno.