El Gobierno central alimenta el debate sobre la calidad de la información, con el propósito claro de poder intervenir en su control a través de normas ya propuestas por sus principales portavoces. Los medios y periodistas abonan el terreno con malas praxis.

Desde que asumió el Gobierno en enero de 2006, el Presidente Evo Morales no ha dejado de identificar a los medios de comunicación en general y en particular a los periodistas como sus “principales enemigos” u “opositores”. Las críticas sistemáticas y públicas se han traducido, además y no pocas veces, en acciones violentas contra los trabajadores de la prensa e incluso contra la infraestructura física y equipos de los medios, protagonizadas por los movimentos sociales afines al Gobierno.

Tan real es lo descrito, que informes como el realizado por el Observatorio de Medios de Comunicación (Onadem) demuestran que en el actual gobierno democrático que preside Evo Morales es en el que mayor número de agresiones y violencia se han registrado en contra de los medios de comunicación y de los trabajadores de la prensa. Incluso con casos extremos que van desde atentados explosivos como el registrado contra el Canal 4 de televisión en Yacuiba, hasta la muerte violenta del periodista Carlos Quispe.

Ahora, sin embargo, el tema de debate sobre los medios y su relación con el Gobierno está centrado no en las agresiones verbales y físicas alentadas desde los sectores políticos, sino en la intención del partido en función de gobierno de normar el trabajo de los medios de comunicación, bajo el pretexto de asegurar que sean veraces y no mientan en el cumplimiento de sus tareas informativas. “Quisiera que los medios de comunicación sean como otro control social, pero con argumentos. Por dignidad de los periodistas, hay que empezar a corregir y hay que empezar a normar. Y que todos nos basemos en las normas”, es la afirmación del Presidente Morales recogida por la agencia de noticias ANF.

A la primera lectura de lo dicho, hasta parece no haber motivos para que los periodistas y los dueños de medios se alarmen. Pero los motivos para la alarma sobran, como lo registran no sólo los antecedentes de lo actuado por el Presidente y sus colaboradores inmediatos en relación a los trabajadores de la prensa y a los propios medios, sino otras acciones de poder como las que realizó el Gobierno al enjuiciar al diario paceño La Prensa, acusándolo de difamación, por la vía ordinaria y no a través del Tribunal de Imprenta, como mandan disposiciones vigentes.

Entre esas acciones figuran además otras que no son tan explícitas como la demanda judicial descrita, y que se traducen más bien en presiones políticas y económicas contra propietarios y trabajadores de medios de comunicación, para que bajen el tono de la crítica al Gobierno, o para que no publiquen ciertas informaciones que afectan a la imagen oficial o, directamente, para sacar de circulación un programa, una publicación o a un periodista que difunde los hechos de corrupción y otros actos dolosos denunciados en contra de autoridades y funcionarios de gobierno.

Es el caso de Carlos Valverde Bravo, productor de programas de periodismo de investigación para la televisión nacional. Valverde ya tuvo que abandonar un set de tevé, el de P.A.T., por presiones ejercicidas desde afuera a los responsables del canal de televisión. Eso fue a inicios de 2009. A un año de ese hecho, Valverde ha tenido que repetir la ingrata experiencia, aunque con algunos matices. Esta vez abandona Cadena A, que había acogido con mucho interés su programa Sin letra chica, porque la posibilidad de renovar contrato pasaba por la firma de uno nuevo con claúsulas que son conocidas como censura previa. Los detalles del caso están contenidos en la entrevista que hicimos a Valverde y que publicamos en las siguientes páginas.

Pero el caso de Valverde no es el único. En el último año, varios directores, jefes de redacción, editores, periodistas y hasta columnistas de opinión han sido relocalizados de sus puestos de trabajo, producto de las presiones ejercidas desde el poder central sobre los dueños de los medios que, en su mayoría, tienen otros intereses económicos que defender. Y en esas concesiones se van cediendo los espacios de libertad de prensa y de libertad de expresión. Esto sin contar el cambio de propietarios de varios medios que han sido adquiridos por personas o grupos afines al Gobierno.

Este no es un fenómeno que esté ocurriendo sólo en Bolivia. Casos similares, y hasta más radicales como es lo que ocurre en Venezuela, se registran en Ecuador, Argentina y Nicaragua, todos ellos bajo regímenes alineados al llamado bloque de los que alientan el Socialismo del SigloXXI. Pero este no es el único punto en común que se puede citar en el intento del poder político de controlar no apenas los medios, sino a la información. El otro punto en común es que en todos esos países, incluido Bolivia, hay medios y periodistas que alimentan con sus malas praxis el caldo de cultivo tan necesario para la intervención y control político, a nombre del Estado y de la sociedad.